“Operativo Claridad"
Por Gonzalo Pedano
En el año 1976, el general Acdel Edgardo Vilas –responsable máximo del Operativo Independencia en los montes tucumanos- sostuvo con absoluta firmeza: “la lucha contra la subversión se ha llevado hasta ahora contra la cabeza visible que es el delincuente subversivo, pero no contra el ideólogo que genera formas y moldea esta nueva clase de dirigentes [...]. Debemos anular las fuentes en las que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo. Y esa fuente es la Universidad y los colegios secundarios”.`[1] De un solo saque, Vilas formula el problema a resolver: anular las fuentes de la subversión. Otros documentos, la mayoría de ellos secretos, insisten en que “el ámbito educativo ha sido objeto, por parte de la subversión, de una creciente infiltración y captación ideológica en todos los niveles de enseñanza, con la finalidad de formar futuras clases dirigentes del país y cuadros de sus organizaciones político-militares (OPM)”.[2] Además, estos documentos insisten en que el accionar subversivo en el mencionado ámbito se llevó a cabo a partir de tres elementos tácticos centrales:
1)el personal directivo –docente y no docente- ideológicamente captado, que a través de decisiones, cátedras o charlas informales, difunden ideologías subversivas;
2)organizaciones estudiantiles de nivel secundario y universitario que realizan actividades de captación e intimidación en estrecha vinculación con las OPM; finalmente,
3)empleo de bibliografía y recursos didácticos que sirven para difundir ideas extrañas a “nuestros principios de nacionalidad”.[3] A partir de aquí, se hace necesario entonces desarrollar ciertas prácticas locales y específicas de este ámbito, que permitan erradicar la subversión y neutralizar sus efectos.La delación y la denuncia, el control sobre la bibliografía y los recursos didácticos, serán implementadas en las escuelas y universidades de todo el país. El “Operativo Claridad” es, desde esta perspectiva, la expresión más acabada y articulada de ciertas tácticas locales que funcionan acorde a la necesidad de conocer hasta el más mínimo elemento subversivo infiltrado para así eliminarlo definitivamente. Dicho Operativo prescribe para las instituciones educativas, una serie de directivas a seguir para la total erradicación de la subversión en la enseñanza. Se redacta un plan de delación, control y denuncia que debía ser instrumentado por los directores, autoridades y docentes sobre sus pares, sobre la bibliografía y sobre los mismos alumnos. El 11 de Octubre de 1977, el Ministerio de Educación dicta la resolución N° 44, creando una dependencia de inteligencia en su estructura administrativa para supervisar la instrumentación de dicho plan y procesar la información recibida.[4]
Sin embargo, el análisis de otra documentación referida al ámbito educativo en especial, permite mostrar que la tarea de anular las fuentes de la subversión es, en realidad, una de las aristas
del problema. Es por esto que la tarea que el Ejército fija para el ámbito educativo consiste en desarrollar “una política de acercamiento, asesoramiento y apoyo a las autoridades
culturales y educativas [...] con la finalidad de lograr la adopción de medidas político-administrativas, tendientes a erradicar la subversión en sus distintas manifestaciones y promover el
desarrollo, divulgación y consolidación de los valores éticos, morales, espirituales e históricos como modo de reafirmar la esencia del ser nacional”.[5] Así, se establece, por un lado, la necesidad de adoptar medidas tendientes a erradicar a la subversión y, por otro, se insiste en la necesidad de
consolidar la esencia del ser nacional occidental y cristiano.
El conjunto de prácticas que el accionar de las Fuerzas Armadas pretenden desarrollar en el ámbito educativo y sus instituciones características no sólo tienen por finalidad erradicar a la subversión, sino también promover, divulgar y consolidar los valores constitutivos del ser nacional. Queda, así, planteado el problema en su integridad. Es el problema de determinar y describir el conjunto de características propias de esas prácticas tendientes a eliminar a la subversión y consolidar el ser nacional occidental y cristiano.
En el abordaje de este problema hay antecedentes importantes a tener presentes, en tanto que los mismos se han dedicado a analizar esas mismas prácticas que ahora pretenden ser nuevamente puestas
en consideración. En efecto, con motivo de cumplirse veinticinco años del golpe militar, estudiantes universitarios de diversas facultades de la Universidad Nacional de
Córdoba “escarbaron los archivos de sus respectivas casas de estudios y exhumaron una serie de documentos, ordenanzas y resoluciones firmadas por los entonces interventores militares
comodoros Jorge Pierrestegui y Oscar Juliá. [...]Allí están, entre otras perlas, la ley que prohíbe cualquier actividad política en la universidad; la ordenanza que establece el régimen
disciplinario –imperdible- en cuyo artículo tres ordena la delación y la denuncia [...]. También la resolución –está firmada por el mayor Ricardo Romero- que ordena sean retirados de la
biblioteca de Filosofía los libros de Hegel, Feurbach, Marx y otros once autores (se aduce en el visto que ‘no existe compatibilidad alguna entre sus teorías y nuestro ser nacional’, que
‘atentan contra la dignidad humana’, etc.) [...]”.[6] Se pusieron en evidencia, así, el conjunto de medidas adoptadas en la UNC
destinadas a erradicar la subversión, conforme a lo establecido por la directiva nº 504/77 antes mencionada. No obstante, como se señaló anteriormente, el objetivo de estas prácticas no residía
sólo en eliminar a la subversión, sino también en consolidar valores occidentales y cristianos.
Como parte de mi trabajo final de Licenciatura en Filosofía, señalé la forma en que este objetivo se llevó a cabo en una de las instituciones educativas más importantes de nuestra ciudad, la
Escuela Superior de Comercio “Manuel de Belgrano”.[7] En efecto, dicha institución fue objeto no sólo del conjunto de
prácticas orientas a aniquilar a los elementos subversivos que se encontraban en la misma, sino también del conjunto de prácticas que pretendieron una reestructuración orgánica de la misma.
Reestructuración esta que no sólo implicó una evaluación y seguimientos exhaustivos del personal docente y no – docente, sino que además implicó la propuesta de todo un nuevo organigrama de
autoridades, una redistribución de funciones y una reforma estructural del plan de estudios hasta entonces vigente.
Todo esto con la finalidad de evitar el desarrollo de ideas ateas y marxistas en los jóvenes, desarrollando en cambio una formación ético–moral de signo cristiano, llevada adelante por profesores pertenecientes exclusivamente a una línea nacional católica.