La Dirección Local de Educación del Sumapaz (DILE) ratificó esta semana una decisión sin fundamento de la Subsecretaría de relaciones interinstirucionales de la Secretaría de Educación Distrital (SED), en relación con el escándalo sobre la violación de los derechos humanos de los que es víctima el órgano directivo docente del Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela. La sentencia es bastante escueta, más una decisión política que con argumento, pero tiene un fin claro, volver a las interinidades que maneja la institución(¿?).

 

Hoy me entero de que la DILE nunca gestionó la resolución que nombraba a los coordinadores en encargo, y defiende su actuación en la historia con artilugios y artimañas más que improvisadas y a destiempo, al sol de los hechos sucedidos en la Hoya del caballo. Además, de las incoherencias, toques de cabeza y golpes de pecho para rebajar esta condición, y arremeter en contra mia y mis dos compañeros.

 

Creo que el desgaste ya ha sido suficiente y es momento de pasar la página con todo esto, por lo cual no voy a responder específicamente a apartes en los que la DILE cuestiona mi profesionalismo. Por lo mismo, tampoco voy a contestar a la insultante salida que dió el nivel central.

 

Un detalle que sí quiero aclarar, que fue claro en la reunión de “posesión” al calor de un trago (a modo de bautizo en la DILE), aparece tanto en el acta que se levantó ese día, como en las subsiguientes actas que se levantaron en los comités técnicos, es que a la luz de la DILE estaba fungiendo como Coordinador.

 

Otro detalle es la relación que hubo entre el acto de violación de derechos al que fui sometido en la Hoya del Caballo y la diligencia con que fué comunicada la inexistencia de la resolución un mes después, teniendo en cuenta que este hecho, sumado a la violación del derecho a hablar en la Asamblea de la Unión (Con Personería a bordo) y al incidente de amenaza de la Audiencia del Sumapaz en el seno de la misma SED, son directa consecuencia de mi condición de directivo docente.

 

Yo no quería apropiarme de ninguna coordinación, ni mucho menos; yo fui el primer sorprendido porque desde mi llegada, abordé el proyecto llevado a cabo desde las directivas con cierto nivel de criticidad, y no pasó por mi cabeza que el Rector hiciera votos de confianza por mi.

 

No soy quién para exigir respuestas, por eso sólo lanzo la pregunta al aire. Y lo hago porque me parece muy curioso cómo la DILE a lo largo del proceso parece cambiar de posición sobre este asunto fundamental: la dirección de uno de los dos colegios que tiene a su cargo. En un momento dado, ellos no tenían problema conmigo en la coordinación, aunque al siguiente día ya fuera un docente más y al ocaso, “no era coordinador, ni era nada”, ¿por qué lo hacen?.

 

Finalmente, quiero comentar sobre por qué yo he sido un "activista" en esta intriga en la que ahora me tildan hasta de instigador de un boicot... Con franqueza, yo no necesitaba interferir, como la comunidad educativa lo describe, por ningún interés personal; simplemente, mi actuación ha reflejado lo acontecido desde que se hizo la renovación en los cargos directivos solicitados desde el nivel central, así, me hicieron un gran daño y esta injusticia no era necesaria. Que la gente dentro y fuera del territorio conozca el otro lado de la historia es importante, especialmente por la manera en que la SED está presentado la historia, como una simple improvisación, improvisación que al día de hoy, ya suma tres hechos que han atentado contra mi integridad y mi permanencia en este planeta. Ése era mi interés.

 

Al final, sigo pensando que estoy siendo atropellado en mis derechos fundamentales, ahora no solo por los victimarios de la Hoya del Caballo, si no, por la misma institución a la que por concurso de méritos ingresé dentro de los primeros puestos, con un sueño que se ha ido convirtiendo en una pesadilla. Para la SED, esto no es un acierto, me han menoscabado de manera ostensible al punto de desconocer mi condición de amenaza. Para unos, la ética es la ley. Para otros, como yo, es más que eso. e incluye la preservación de la dignidad y el deber de denunciar.

 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ